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Hace apenas algunas semanas, hablar de desabastecimiento en La Paz parecía exagerado. Hoy después de más de dos semanas de bloqueos, filas en mercados, productos desapareciendo de puestos de venta y precios disparados, la pregunta dejó de ser alarmista para convertirse en una preocupación real: ¿está en riesgo la seguridad alimentaria de la sede de gobierno?
La imagen de una ciudad cercada no solo se refleja en carreteras bloqueadas o buses detenidos. También empieza a sentirse en las cocinas. En las madres que recorren mercados buscando pollo más barato. En los adultos mayores que reducen sus compras porque ya no alcanza. En familias que comienzan a reemplazar proteínas por alimentos más económicos. Y en refugios animales que hoy advierten que cientos de especies rescatadas podrían quedarse sin alimento.
Los conflictos que actualmente afectan al país comenzaron como una escalada de protestas impulsadas por distintos sectores sociales y políticos, entre ellos grupos campesinos, organizaciones afines al evismo, sectores del magisterio y movimientos que exigen respuestas frente a la crisis económica, la falta de dólares, el incremento del costo de vida y demandas políticas vinculadas al escenario electoral. Con el paso de los días, las medidas se radicalizaron hasta convertirse en un cerco progresivo sobre distintas rutas estratégicas del país, especialmente aquellas que conectan al occidente con centros de producción y abastecimiento.
Según reportes de transitabilidad de la ABC y medios nacionales, en determinados momentos se registraron más de 40 puntos de bloqueo en el país, varios de ellos concentrados en rutas fundamentales para el ingreso de alimentos hacia el departamento paceño.
Y aunque en Bolivia los bloqueos forman parte de la historia política y sindical desde hace décadas, esta vez el impacto comenzó a sentirse de manera mucho más profunda por una razón estructural: la extrema dependencia alimentaria de las ciudades respecto al transporte carretero.
La Paz no produce la mayoría de los alimentos que consume. Su abastecimiento depende del ingreso constante de productos desde Cochabamba, Santa Cruz, el altiplano, los Yungas y otras regiones. Cuando las rutas se interrumpen durante demasiados días, el sistema empieza a tensarse.
En mercados paceños como Rodríguez, Garita de Lima, Villa Fátima y otros centros de abasto, comerciantes y consumidores ya reportan escasez y aumentos severos de precios. El pollo, uno de los alimentos más consumidos por familias de bajos ingresos, pasó en pocos días de costar alrededor de Bs 17 o Bs 18 a venderse entre Bs 32 y Bs 35 el kilo. La carne de res llegó a superar los Bs 100 por kilo en algunos puntos de venta. El maple de huevo subió de Bs 24 a Bs 37. Verduras, frutas y productos perecederos comenzaron a llegar de manera irregular o simplemente desaparecieron temporalmente de algunos mercados.
El propio Gobierno reconoció el impacto del conflicto en el abastecimiento y tuvo que activar puentes aéreos para trasladar carne y pollo desde Santa Cruz hacia La Paz. Pero detrás de las cifras existe algo mucho más delicado: el deterioro silencioso de la seguridad alimentaria. Y aquí es importante entender algo que pocas veces se explica correctamente. La seguridad alimentaria no significa solamente “tener comida”. Según organismos internacionales como la FAO, implica que toda la población tenga acceso físico y económico estable a alimentos suficientes, seguros y nutritivos para llevar una vida saludable.
Eso significa que incluso si todavía existen productos en los mercados, ya existe riesgo alimentario cuando:
Es decir: la crisis alimentaria comienza mucho antes del hambre visible.
Y quienes primero sienten ese impacto siempre son los más vulnerables.
La niñez es uno de los sectores más expuestos en este tipo de escenarios. En hogares con ingresos limitados, el incremento de alimentos obliga a muchas familias a reducir porciones, reemplazar productos o priorizar únicamente lo indispensable. Las proteínas animales suelen ser las primeras en desaparecer de la dieta cotidiana.
Los adultos mayores también enfrentan un escenario especialmente delicado. Muchas personas de la tercera edad viven de rentas mínimas o ingresos informales que no aumentan al mismo ritmo que los precios. La consecuencia inmediata es una reducción en la calidad alimentaria y en la posibilidad de sostener dietas adecuadas para enfermedades crónicas, hipertensión, diabetes o problemas gastrointestinales.
Pero incluso existe otra dimensión de esta crisis que casi nadie menciona: los animales.
En medio del conflicto, el refugio de vida silvestre Senda Verde lanzó un pedido urgente denunciando que más de 1.200 animales rescatados enfrentan dificultades críticas por falta de alimento, medicamentos e insumos veterinarios debido a los bloqueos en rutas paceñas.
La denuncia revela una realidad profundamente simbólica de esta crisis.
Animales que sobrevivieron al tráfico ilegal, incendios forestales y violencia humana hoy vuelven a enfrentar otra amenaza: el hambre provocada por el aislamiento logístico. Según responsables del refugio, especies como osos y felinos requieren dietas específicas imposibles de reemplazar fácilmente.
La situación también evidencia otra fragilidad nacional: Bolivia no cuenta con sistemas sólidos de emergencia alimentaria capaces de responder rápidamente ante escenarios prolongados de conflicto o aislamiento territorial.
Miles de productores rurales también comienzan a sufrir pérdidas económicas severas. Frutas, verduras y productos perecederos quedan atrapados en carreteras o terminan deteriorándose antes de llegar a mercados. Sectores avícolas advirtieron incluso sobre riesgos para la estabilidad productiva debido a la imposibilidad de transportar insumos hacia granjas.
Es decir: mientras las ciudades enfrentan escasez y aumento de precios, muchos productores pierden mercancía y recursos al mismo tiempo.
Desde la mirada de Cecasem, esta situación obliga a discutir algo mucho más profundo que el conflicto político inmediato. Bolivia está mostrando señales preocupantes de vulnerabilidad alimentaria estructural. La dependencia excesiva de rutas frágiles, la ausencia de sistemas de resiliencia urbana, la centralización logística y la falta de planificación territorial están dejando a millones de personas expuestas frente a cualquier interrupción prolongada.
Y cuando eso ocurre, quienes más sufren no son los sectores con mayor poder económico o político.
Por eso reducir esta crisis únicamente a una disputa política sería un error profundamente irresponsable.
Lo que hoy ocurre en La Paz es una advertencia nacional.
Porque si menos de tres semanas de bloqueos bastan para alterar precios, afectar proteínas básicas, generar ansiedad colectiva y obligar al Estado a transportar alimentos por vía aérea, entonces el problema no es solamente el conflicto. El problema es la enorme fragilidad del sistema alimentario boliviano.
Bolivia necesita corredores humanitarios para alimentos y medicamentos. Necesita proteger el abastecimiento hacia sectores vulnerables. Necesita garantizar el derecho a la alimentación incluso en contextos de protesta. Y necesita empezar a discutir seriamente cómo construir ciudades menos dependientes de sistemas logísticos que colapsan con demasiada facilidad.
Por: Brian C. Dalenz Cortez
