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El Proyecto Hidroeléctrico Carrizal, planteado como una alternativa para ampliar la generación de energía eléctrica en Bolivia ante la disminución de la producción de gas natural, continúa en fase de análisis técnico y búsqueda de financiamiento, mientras surgen posiciones diversas entre comunidades indígenas, autoridades regionales y especialistas respecto a su alcance e impacto.
La iniciativa prevé la construcción de una presa de aproximadamente 160 metros de altura sobre el río Cambalaya —afluente que junto al Pilaya conforma el río Pilcomayo—, con un embalse estimado en 30 kilómetros cuadrados y una capacidad de generación de cerca de 360 megavatios. El proyecto contempla una inversión aproximada de 1.300 millones de dólares, sujeta a actualización.
De acuerdo con el presidente de la Brigada Parlamentaria de Tarija, Gabriel Corvera, actualmente se desarrollan estudios técnicos y análisis de financiamiento, incluyendo propuestas de inversión provenientes de Emiratos Árabes Unidos y de una empresa china bajo modalidad de concesión. Según explicó, el modelo en evaluación no contempla la cesión de control sobre la energía generada ni la propiedad territorial.
Corvera indicó que el proyecto podría permitir la habilitación de entre 40.000 y 90.000 hectáreas para riego, lo que incrementaría la producción agrícola en la región. Asimismo, señaló que una de las propuestas plantea que la producción generada en estas áreas sea adquirida por el mercado chino durante un periodo estimado de entre 20 y 30 años.
En paralelo, organizaciones indígenas de la región han iniciado espacios de análisis interno sobre el proyecto. La Organización de Capitanías Weenhayek de Tarija (ORCAWETA) convocó a una reunión para evaluar sus implicaciones, en la que, según su capitán grande Francisco Nazario Pérez, la principal preocupación se centra en posibles efectos sobre el ecosistema del río Pilcomayo, particularmente en la reproducción de especies ictícolas que constituyen una fuente de sustento para la población local.
Dentro de esta organización, Luis Velásquez señaló que no existe una posición única respecto al proyecto y destacó la necesidad de ampliar el acceso a información técnica para facilitar la toma de decisiones al interior de las comunidades.
En el ámbito ambiental, la bióloga Ludmila Pizarro manifestó que el proyecto requiere mayor respaldo documental sobre su viabilidad ecológica. Según explicó, la zona donde se emplazaría la infraestructura corresponde a un área relevante para la reproducción de peces, lo que podría implicar efectos en la dinámica del río Pilcomayo y en las actividades económicas asociadas.
Pizarro también indicó que existen análisis elaborados por un grupo de científicos que advierten posibles modificaciones en el caudal del río y en los ecosistemas vinculados, además de eventuales desplazamientos de comunidades ribereñas y fauna silvestre.
En este contexto, pobladores de la región, junto a representantes indígenas y actores locales, conformaron el Comité de Defensa del río Pilcomayo, instancia que busca dar seguimiento al proyecto y canalizar información sobre sus posibles efectos. La organización tiene como objetivo central analizar la iniciativa y promover espacios de discusión sobre su impacto en la cuenca.
Mientras tanto, el proyecto continúa en etapa de estudios técnicos y evaluación de financiamiento, sin que se haya definido aún su ejecución definitiva. Las diferentes posiciones coinciden en señalar la necesidad de contar con información técnica detallada y procesos de socialización para abordar los alcances del emprendimiento.
Por: Joel Poma Chura - Comunicación Cecasem
