Donar
La marcha indígena y campesina que exige la abrogación de la Ley 1720 continúa su recorrido hacia la ciudad de La Paz, tras más de dos semanas de movilización iniciada el 8 de abril en el departamento de Pando. La columna, integrada por organizaciones de la Amazonía boliviana, ha atravesado distintas localidades del Beni y el norte paceño, mientras se prevé la posible incorporación de nuevos sectores en los próximos días.
La movilización plantea la anulación de la normativa que permite la conversión voluntaria de la pequeña propiedad agraria en mediana propiedad, una medida que ha generado posiciones diferenciadas entre organizaciones sociales, analistas y el Gobierno.
La Ley 1720 faculta al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) a autorizar que propietarios de pequeñas parcelas transformen la categoría de su tierra en mediana propiedad. Según el Ejecutivo, esta conversión permitiría a los productores utilizar sus tierras como garantía para acceder a créditos bancarios, con el objetivo de dinamizar la producción agropecuaria y ampliar oportunidades económicas en el área rural.
El Gobierno sostiene que la medida es de carácter voluntario y no afecta a tierras comunitarias ni territorios indígenas. En ese marco, autoridades han promovido espacios de diálogo y alcanzado acuerdos puntuales con algunas comunidades, además de impulsar una propuesta de modificación normativa en coordinación con la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (Cidob).
Las organizaciones que impulsan la marcha cuestionan principalmente la ausencia de procesos de consulta previa y la posible afectación a la seguridad de la tenencia de la tierra. Dirigentes de pueblos indígenas del Tipnis y de la Amazonía han señalado que la normativa podría tener implicaciones sobre territorios colectivos y pequeñas unidades productivas.
A estas preocupaciones se suman análisis técnicos y posicionamientos institucionales. De acuerdo con la Fundación Tierra, la normativa introduce cambios relevantes en el régimen agrario al modificar características históricas de la pequeña propiedad, como su carácter indivisible, inembargable y orientado al sustento familiar.
Según esta organización, uno de los efectos potenciales de la ley es que las tierras convertidas en medianas propiedades podrían ser sujetas a hipoteca, lo que abre la posibilidad de embargo en caso de incumplimiento de obligaciones crediticias. Asimismo, el análisis señala que la conversión podría incidir en la dinámica de uso del suelo, al facilitar el tránsito hacia modelos productivos orientados al mercado.
Fundación Tierra también advierte que, en determinadas regiones, especialmente en el oriente boliviano, existen superficies que actualmente están registradas como pequeñas propiedades pero que presentan características productivas propias de unidades medianas o mayores. En ese contexto, la ley podría formalizar situaciones ya existentes en términos de uso económico de la tierra.
El análisis indica además que la suspensión de la verificación de la Función Económico-Social (FES) por un periodo determinado podría modificar los mecanismos de control estatal sobre el uso productivo de la tierra. Este aspecto es considerado relevante en la discusión sobre la sostenibilidad y regulación del territorio.
Desde el enfoque gubernamental y sectores productivos, la ley responde a una demanda histórica vinculada al acceso al crédito en el área rural. Bajo el actual régimen agrario, la pequeña propiedad no puede ser utilizada como garantía, lo que limita el acceso a financiamiento formal.
En ese sentido, la reconversión voluntaria permitiría a los productores integrarse al sistema financiero, reducir la dependencia de mecanismos informales de crédito y fortalecer su capacidad de inversión productiva. Este argumento ha sido respaldado por sectores que consideran que la medida puede contribuir a mejorar la productividad y la inserción en mercados.
Otro de los puntos en discusión se relaciona con el uso del suelo y la expansión de actividades productivas. Algunos análisis advierten que la modificación del régimen de propiedad podría incidir en la ampliación de la frontera agrícola, especialmente en zonas de alta biodiversidad.
Fundación Tierra señala que la conversión de categorías de propiedad, junto con cambios en los mecanismos de control, podría generar transformaciones en la ocupación del territorio, lo que forma parte del debate más amplio sobre desarrollo rural, conservación ambiental y planificación territorial.
Mientras la marcha avanza hacia La Paz, el escenario continúa en desarrollo. Organizaciones indígenas y campesinas de distintas regiones han anunciado que evaluarán su incorporación a la movilización, mientras el Gobierno mantiene su postura de diálogo y defensa de la normativa.
El proceso refleja un debate estructural sobre el modelo agrario en Bolivia, en el que convergen temas como acceso a crédito, seguridad de la tierra, regulación estatal, producción agrícola y sostenibilidad ambiental.
Por: Joel Poma Chura - Comunicación Cecasem
