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En el norte amazónico de Bolivia, municipios con economías basadas en la producción de cacao orgánico han implementado marcos normativos locales para restringir la actividad minera en sus territorios. La medida surge en un contexto de incremento sostenido del precio del oro y expansión de operaciones extractivas en distintas regiones del país.
En localidades como Palos Blancos y Alto Beni, en el departamento de La Paz, productores organizados y autoridades municipales promovieron desde 2017 una serie de acciones orientadas a limitar la minería en sus jurisdicciones. Estas iniciativas culminaron en 2021 con la aprobación de ordenanzas municipales que prohíben la actividad minera, respaldadas posteriormente por una ley departamental en 2024.
Las decisiones locales se produjeron tras reportes de impactos ambientales en zonas cercanas, donde operaciones auríferas modificaron cursos de ríos y afectaron ecosistemas. En este contexto, organizaciones como la cooperativa El Ceibo —que agrupa a más de 1.300 productores— señalaron la necesidad de preservar condiciones ambientales para mantener certificaciones internacionales de cacao orgánico.
Según datos sectoriales, Bolivia produjo 5.825 toneladas métricas de cacao en 2024, con el departamento de La Paz concentrando el 82% de la producción. Este modelo agroforestal, basado en sistemas diversificados de cultivo, es señalado por los productores como clave para sostener la calidad del producto y su acceso a mercados internacionales.
El aumento del precio del oro, que superó los 5.100 dólares por onza en 2025, ha incentivado la expansión de actividades mineras legales e ilegales. Este escenario ha generado tensiones entre sectores productivos, autoridades locales y el nivel central del Estado, especialmente en regiones donde la economía depende de la agricultura.
Mientras algunos municipios avanzan en restricciones totales a la minería, otros plantean modelos de regulación parcial. En paralelo, al menos diez territorios adicionales evalúan implementar normativas similares, en un contexto donde también se reportan impactos asociados a la minería, como contaminación por mercurio y alteraciones en los ecosistemas.
Especialistas señalan que la ausencia de una política nacional clara sobre zonificación minera genera escenarios diversos a nivel local. En ese marco, las medidas adoptadas por municipios cacaoteros configuran un modelo de gestión territorial basado en normativas subnacionales y economías agrícolas.
Al cierre, distintas voces coinciden en que el escenario seguirá en evolución, en función de factores económicos globales, decisiones regulatorias y dinámicas territoriales. Esta nota esta elaborada con base de la información de The Guardian y RTP.
Por: Joel Poma Chura - Comunicación Cecasem
