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La promulgación de la Ley 157 por el presidente Rodrigo Paz ha reactivado el debate sobre el futuro del régimen agrario en Bolivia. Mientras el Gobierno sostiene que la norma permitirá a pequeños propietarios convertir sus tierras en garantía para acceder a créditos productivos, sectores indígenas, campesinos y más de 50 organizaciones de la sociedad civil advierten que la medida puede derivar en endeudamiento, pérdida de tierras y concentración agraria.
Durante el acto oficial en Santa Cruz, Paz defendió la norma como una herramienta financiera orientada al desarrollo rural:
“Es crédito rural. Es platita para aquellos que no pueden conseguir un crédito o recursos para poder producir”.
Según el Ejecutivo, la ley busca incorporar a pequeños productores al sistema financiero formal, permitiéndoles usar sus propiedades como respaldo para préstamos, ampliar inversiones y fortalecer su capacidad productiva.
El Gobierno argumenta que la pequeña propiedad, al ser inembargable e indivisible bajo el régimen actual, limita el acceso de miles de productores a financiamiento bancario.
Desde esta perspectiva, la Ley 157 abre la posibilidad de transformar tierras inmovilizadas jurídicamente en activos económicos que respalden créditos, especialmente para productores agrícolas familiares.
Sectores empresariales y legisladores afines consideran que la norma amplía libertades económicas en el agro y genera oportunidades para crecimiento productivo.
En contraste, organizaciones indígenas y campesinas sostienen que el cambio jurídico elimina protecciones históricas de la pequeña propiedad y expone la tierra al mercado financiero.
La Coordinadora Nacional de Autonomías Indígena Originario Campesinas (Conaioc) rechaza la ley y advierte que puede facilitar que tierras familiares terminen hipotecadas, embargadas o transferidas a actores con mayor capacidad económica.
Más de 50 organizaciones civiles también expresaron preocupación señalando que la norma debilita garantías constitucionales sobre la tierra, especialmente su carácter inembargable, indivisible e inalienable, y pidieron abrir un proceso amplio de diálogo nacional antes de su aplicación.
Los sectores que rechazan la norma identifican tres preocupaciones centrales:
Además, comunidades de Pando ya iniciaron marchas hacia La Paz en rechazo a la ley, mientras organizaciones indígenas anuncian recursos legales de inconstitucionalidad.
La controversia en torno a la Ley 157 refleja dos modelos opuestos sobre la tierra en Bolivia:
El centro del conflicto ya no es únicamente el crédito rural, sino quién controlará la tierra en el futuro: las familias campesinas o quienes puedan adquirirla en el mercado.
Por: Joel Poma Chura - Comunicación Cecasem
