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No es una emergencia que estalle de golpe. No hay sirenas, ni titulares constantes, ni cobertura sostenida. Pero en el corazón del Beni, en San Borja y en las comunidades de la nación tsimane, la crisis ya está instalada. Y crece con cada día de lluvia.
Durante meses y por no decir años, las precipitaciones no han dado tregua. Los caminos —si es que pueden llamarse así— han desaparecido bajo el agua. Lo que antes era difícil, ahora es casi imposible. Comunidades enteras han quedado aisladas, no por decisión propia, sino por una combinación de geografía, abandono estatal y un fenómeno climático que ya no puede entenderse como algo excepcional.
Imágen generada por IA
La escena se repite en distintas comunidades: senderos convertidos en lodazales intransitables, motocicletas detenidas ante ríos improvisados, familias que observan cómo sus productos se pierden sin poder llegar al mercado. Plátano, yuca, frutas, verduras. Todo aquello que representa no solo alimento, sino ingreso económico, queda atrapado en el mismo aislamiento que ahora define la vida cotidiana, sin pensar en la salud.
Para muchas comunidades tsimane, la distancia siempre ha sido una condición de vida. Kilómetros de separación con el centro urbano más cercano, acceso limitado a servicios básicos y una economía basada en la producción local. Pero lo que hoy ocurre no es simplemente distancia: es desconexión total.
Cuando los caminos se inundan, no solo se interrumpe el comercio. Se corta el acceso a salud, educación, asistencia institucional. Se rompe el vínculo con el Estado. Y ahí es donde el problema deja de ser climático para convertirse en político.
Bolivia cuenta con un marco normativo que reconoce la gestión de riesgos y la atención a desastres como responsabilidades del Estado. La Ley N.º 602 de Gestión de Riesgos establece claramente que las autoridades —en sus distintos niveles— deben prevenir, mitigar y responder ante situaciones que pongan en riesgo a la población. No se trata solo de reaccionar cuando el desastre ya ocurrió, sino de anticiparse, de planificar, de invertir en infraestructura resiliente. Sin embargo, la realidad en territorios como San Borja parece contar otra historia.
Imágen generada por IA (muestra a comunarios de San Antonio, saliendo con dificultad de su comunidad para recoger material que Cecasem brinda en apoyo)
Porque si cada año las lluvias generan aislamiento, si cada temporada deja comunidades incomunicadas, entonces ya no estamos ante un evento inesperado. Estamos ante un patrón. Y frente a un patrón, la falta de acción no es un descuido: es una forma de negligencia estructural.
El problema de fondo no es solo que los caminos se inunden. Es que esos caminos, en muchos casos, nunca han sido verdaderamente adecuados. Son rutas precarias, vulnerables, que no resisten condiciones climáticas cada vez más intensas. Son soluciones temporales para problemas permanentes. Y en ese escenario, las comunidades indígenas —como la tsimane— son las más afectadas.
No solo por su ubicación geográfica, sino por una histórica exclusión de las políticas públicas. Porque cuando se habla de desarrollo, muchas veces se piensa en lo urbano. Cuando se habla de inversión, se priorizan las zonas con mayor visibilidad política. Y cuando se habla de emergencia, las comunidades más alejadas suelen ser las últimas en ser atendidas. El aislamiento, entonces, no es solo físico. Es también institucional.
A esto se suma un contexto climático cada vez más complejo. Las lluvias intensas ya no son fenómenos aislados. Forman parte de un patrón más amplio asociado al cambio climático, que está alterando los ciclos naturales y aumentando la frecuencia e intensidad de eventos extremos.
En regiones como el Beni, esto se traduce en inundaciones recurrentes, afectación de suelos, pérdida de cultivos y deterioro de las condiciones de vida. Pero mientras el clima cambia, las respuestas institucionales parecen mantenerse estáticas. La pregunta es inevitable: ¿quién debería estar actuando frente a esta situación?
Fotografía de Cecasem (Para ingresar y/o salir de las comunidades, la única forma es hacerlo en barcazas artesanales hechas por el pueblo tsimane)
La respuesta, aunque compleja, tiene varios niveles. El gobierno municipal tiene la responsabilidad de atender necesidades inmediatas, gestionar recursos locales y coordinar acciones de emergencia. El gobierno departamental debe planificar y ejecutar políticas de mayor alcance, especialmente en infraestructura y desarrollo regional. Y el nivel nacional tiene el deber de garantizar que estas acciones se articulen, se financien y se sostengan en el tiempo. Sin embargo, en la práctica, estas responsabilidades muchas veces se diluyen. Se trasladan de una instancia a otra. Se justifican en la falta de recursos. Se postergan hasta que la emergencia se vuelve insostenible. Y mientras tanto, las comunidades siguen esperando.
En este contexto, el cambio de autoridades cobra especial relevancia. La reciente elección del nuevo alcalde de San Borja abre una ventana de oportunidad, pero también plantea una enorme responsabilidad. Gobernar en un territorio como este no es solo administrar lo cotidiano. Es enfrentar una realidad estructural que exige decisiones urgentes y sostenidas.
Imágen generada por IA, el quipo de Cecasem entrando a las comunidades tsimane
No se trata únicamente de intervenir cuando los caminos ya están inundados, sino de pensar en soluciones de fondo. Infraestructura adecuada, planificación territorial, sistemas de alerta temprana, apoyo directo a las economías comunitarias. Porque cada día que pasa sin acción, el costo lo asumen las comunidades.
A nivel departamental, el escenario político también está en movimiento. Con una segunda vuelta en puerta para la Gobernación del Beni, el debate debería ir más allá de las campañas y los discursos. Debería centrarse en propuestas concretas para territorios que, como San Borja, enfrentan condiciones críticas.
La gestión del territorio amazónico, la conectividad rural, la adaptación al cambio climático y el fortalecimiento de comunidades indígenas no pueden seguir siendo temas secundarios. Son, en realidad, el núcleo del desarrollo regional. Pero más allá de las autoridades, hay una dimensión que no puede ignorarse: la resiliencia de las propias comunidades.
Porque a pesar del abandono, a pesar de las dificultades, las comunidades tsimane continúan resistiendo. Siguen produciendo, organizándose, adaptándose. Siguen sosteniendo sus formas de vida en condiciones que muchas veces resultan extremas.
Fotografía de la comunidad tsimane Monte Rosa, en nuestra visita otorgamos material estudiantil para los niños, niñas y adolescentes)
En ese sentido, el trabajo de organizaciones como Cecasem adquiere una relevancia fundamental. Porque en contextos donde el Estado no siempre llega, estas iniciativas contribuyen a fortalecer capacidades comunitarias, a generar conciencia y a visibilizar problemáticas que muchas veces quedan fuera del debate público.
Esa resiliencia, sin embargo, no puede ser utilizada como excusa para la inacción del Estado. No se puede romantizar la capacidad de resistencia cuando lo que está en juego son derechos básicos. El derecho a la alimentación, al trabajo, a la salud, a la movilidad. El derecho a no quedar aislado cada vez que llueve.
Pero también evidencian una realidad incómoda: que la acción social no puede reemplazar la responsabilidad estatal. El desafío es construir puentes entre ambos ámbitos. Generar articulación, incidir en políticas públicas, transformar la experiencia territorial en propuestas concretas.
Porque lo que está ocurriendo en San Borja no es un caso aislado. Es un reflejo de cómo se gestionan —o no se gestionan— los territorios más vulnerables del país. Y también es una advertencia. Una advertencia de que el cambio climático ya no es un problema del futuro. Es una realidad presente que está afectando directamente a comunidades que tienen menos recursos para enfrentarla. Una advertencia de que la infraestructura precaria tiene límites. Y esos límites se hacen evidentes cuando llegan las lluvias. Una advertencia de que el desarrollo no puede seguir siendo desigual. Al final, la pregunta no es solo quién debe actuar, sino cuánto más se puede esperar. Porque mientras el debate político continúa, mientras las elecciones avanzan, mientras las responsabilidades se discuten, hay comunidades que siguen bajo el agua. Literalmente. Y en ese escenario, la indiferencia también se convierte en una forma de violencia. Una violencia silenciosa, que no deja titulares, pero que se siente en cada camino inundado, en cada producto que no llega al mercado, en cada familia que queda aislada.
Fotografía de niños de Monte Rosa con sus materiales escolares
Romper ese ciclo no será fácil. Requiere voluntad política, inversión sostenida y una mirada que ponga en el centro a quienes históricamente han estado en los márgenes. Pero también requiere algo más básico: reconocer que estas realidades existen y que no pueden seguir siendo ignoradas. Porque un país que deja a parte de su población aislada cada temporada de lluvias no solo enfrenta un problema climático. Enfrenta un problema de justicia. Y ahí es donde empieza el verdadero debate.
Por: Brian C. Dalenz Cortez
