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El conflicto por la presunta mala calidad del combustible en Bolivia escaló esta semana cuando transportistas de Cochabamba tomaron las oficinas de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), exhibiendo botellas de gasolina oscura y autopartes dañadas como prueba de los perjuicios que, aseguran, están afectando a cientos de motorizados.
Choferes del Transporte Libre denunciaron que tanto la gasolina como el diésel estarían provocando fallas mecánicas severas, desde el deterioro de bombas e inyectores hasta la acumulación de residuos espesos en válvulas y anillos, generando altos costos que deben asumir de manera individual.
El dirigente del Transporte del Trópico, Jimmy Lobatón, afirmó que el sector ha presentado denuncias formales sin recibir respuesta de las autoridades. Según explicó, el combustible que adquieren no solo carece de subvención, sino que además sería de baja calidad, situación que calificó como un engaño al sector.
Ante la presión social, el Gobierno reconoció la existencia de un problema técnico en la distribución de gasolina. El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, admitió que se comercializó combustible que no cumplía con estándares internacionales, aunque aseguró que fue un hecho aislado que ya se encuentra en proceso de solución.
Por su parte, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) defendió la calidad de sus productos. A través de un análisis realizado por la firma internacional Camin Cargo Control, la estatal informó que la Gasolina Especial Plus cumple con los parámetros exigidos tras muestreos en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.
Sin embargo, autoridades del área hidrocarburífera señalaron que el problema estaría relacionado con residuos heredados en los tanques de almacenamiento y con la mezcla de etanol en algunas regiones del país. Como medida correctiva, anunciaron la reducción del nivel de etanol y un mayor control en los procesos de tratamiento del combustible.
Mientras el Gobierno asegura que el abastecimiento está estabilizado y que se reforzarán los controles de calidad, los transportistas exigen el retiro inmediato del combustible observado a nivel nacional y una reunión urgente con la ANH, el Ministerio de Hidrocarburos y YPFB. No descartan iniciar acciones legales por los daños ocasionados a sus vehículos.
Por: Joel Poma Chura - Comunicación Cecasem
