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La defensa de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía podría convertirse en un delito penal. Mientras al menos 17 comunarios y defensores ambientales ya enfrentan procesos judiciales por oponerse al ingreso de petroleras, el avance de la denominada “ley antibloqueos” en la Asamblea Legislativa abre un nuevo escenario de riesgo para quienes protegen el territorio, el agua y los derechos colectivos.
Aunque todavía no existe un texto único, al menos cuatro proyectos de ley coinciden en tipificar la “obstrucción ilegal de vías de comunicación” como delito penal, con penas que van de seis a diez años de cárcel, e incluso versiones que elevan las sanciones hasta 20 años. La norma también amplía responsabilidades a quienes instiguen, organicen o financien protestas, incluyendo posibles demandas civiles por daños económicos.
Para comunidades como las de Tariquía, este debate no es abstracto. El conflicto por la reserva ya se ha convertido en un caso testigo. En el cantón Chiquiacá, una vigilia pacífica para impedir el ingreso de empresas petroleras derivó en procesos penales contra defensores del área protegida. Si la ley antibloqueos se aprueba, acciones similares podrían ser tipificadas como delito, incluso cuando busquen hacer cumplir fallos judiciales o proteger fuentes de agua.
Organizaciones ambientales y sociales advierten que, aunque algunos de los juicios actuales no prosperen, la nueva normativa podría institucionalizar la persecución penal contra luchas territoriales consideradas incómodas para intereses económicos y políticos. “La lucha por Tariquía es permanente”, sostienen dirigentes comunales, que temen que cualquier futura movilización termine en cárcel.
El respaldo del Gobierno y de sectores empresariales se basa en la necesidad de garantizar el libre tránsito y evitar pérdidas económicas por bloqueos. Sin embargo, sindicatos, organizaciones sociales y la Central Obrera Boliviana rechazan la iniciativa, al considerar que vacía de contenido el derecho a la protesta y criminaliza una herramienta histórica de reivindicación social.
A este escenario se suma la preocupación por el uso discrecional de la norma. Analistas alertan que la ley podría convertirse en un instrumento político para perseguir líderes sociales u opositores, dependiendo de quién gobierne y qué intereses se vean afectados por las movilizaciones.
La contradicción se profundiza con decisiones judiciales recientes. El Juzgado Agroambiental de Entre Ríos ordenó la paralización temporal del proyecto petrolero Domo Oso X-3 en Tariquía, tras una acción impulsada por la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, bajo una eventual ley antibloqueos, cualquier vigilia destinada a exigir el cumplimiento de esa resolución podría ser considerada ilegal.
En medio de la controversia, surgió incluso la propuesta de someter la ley a un referéndum, ante el riesgo de que su aprobación detone nuevas movilizaciones sociales. Mientras tanto, Tariquía aparece como el primer territorio donde se ensaya un mensaje preocupante: en Bolivia, defender la naturaleza podría dejar de ser un derecho y pasar a ser un delito.
Por: Joel Poma Chura - Comunicación Cecasem
