Donar
Mientras en Chile la salmonicultura acumula décadas de cuestionamientos ambientales, sanitarios y sociales, la provincia argentina de Tierra del Fuego avanza en sentido contrario. El 15 de diciembre, la legislatura provincial aprobó la modificación de la ley que prohibía la cría industrial de salmónidos en mares, ríos y lagos, habilitando una actividad que científicos y ambientalistas consideran de alto riesgo para los ecosistemas australes.
La decisión reabrió un debate que trasciende fronteras. En Chile, donde la salmonicultura se expandió durante los últimos 50 años, sus impactos están ampliamente documentados: pérdida de biodiversidad marina, uso masivo de antibióticos, contaminación de fondos marinos, zonas muertas por falta de oxígeno y alteraciones profundas en economías locales. Hoy, expertas chilenas advierten que ese mismo modelo podría replicarse en el extremo sur argentino.
“El modelo chileno es todo lo que no hay que hacer”, afirmó el legislador argentino Agustín Coto, quien impulsaba una alternativa de cultivo en sistemas cerrados sobre tierra. Sin embargo, la propuesta aprobada en Tierra del Fuego habilita la producción en cuerpos de agua naturales, con la única excepción del Canal de Beagle.
Desde distintos sectores políticos fueguinos coinciden en que la actividad tiene potencial económico, pero advierten que su desarrollo en el mar implica riesgos severos. “Mal hecha, produce daños irreversibles. Esto está demostrado en la Patagonia chilena”, sostuvo el legislador Matías Lapadula, quien defiende mantener la prohibición de la salmonicultura en el ambiente marino.
Las alertas se apoyan en evidencia científica. Estudios en fiordos chilenos muestran caídas de hasta un 75 % en la abundancia de especies bentónicas, desaparición de crustáceos sensibles a químicos y antibióticos, contaminación lumínica y sonora, y afectaciones directas a mamíferos marinos como delfines y lobos de mar. A esto se suma el riesgo de escapes masivos de salmones —especie exótica en Sudamérica— que compiten con fauna nativa y alteran cadenas tróficas.
Especialistas también cuestionan la capacidad real de fiscalización del Estado. En Chile, pese a la existencia de evaluaciones ambientales y normativas específicas, los controles no han impedido crisis sanitarias, vertidos masivos de peces muertos ni sobreproducción por encima de los límites autorizados. “Las instituciones no tienen recursos suficientes para fiscalizar en el mar”, advierten desde organizaciones ambientales.
En Tierra del Fuego, el temor es que la ausencia de fiordos —una característica clave de la geografía chilena— empuje a las empresas a instalar jaulas en ríos, lagos y lagunas, donde los impactos podrían ser aún más severos y permanentes. Además, ambientalistas alertan sobre posibles efectos colaterales: desplazamiento del turismo, cambios irreversibles en el paisaje y una dependencia económica difícil de revertir.
Para las expertas consultadas, la discusión no es técnica ni marginal: es estratégica. La experiencia chilena, sostienen, ofrece una advertencia clara sobre los costos ambientales y sociales de una industria que, una vez instalada, resulta casi imposible de desmantelar. Tierra del Fuego enfrenta ahora una decisión que podría definir el futuro de sus ecosistemas más frágiles.
Por: Joel Poma Chura - Comunición Cecasem
