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Las elecciones subnacionales de este año arrancan con una señal de alerta sobre la democracia y la igualdad política en Bolivia. De un total de 74 candidaturas habilitadas para gobernaciones, apenas ocho corresponden a mujeres, lo que representa solo el 10,81%, mientras que en las alcaldías de ciudades capitales la brecha es aún más profunda: solo 10 mujeres entre 108 postulaciones, es decir, el 9,26%.
Las cifras fueron analizadas por la Defensoría del Pueblo a partir de los datos oficiales publicados por el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) el 11 de enero. Para la institución, este escenario evidencia una exclusión estructural que compromete los derechos políticos de las mujeres y contradice el marco constitucional y legal vigente.
Ante este panorama, la Defensoría expresó su “profunda preocupación” y exhortó a las organizaciones políticas, agrupaciones ciudadanas y alianzas a corregir las asimetrías de género durante el periodo de sustitución de candidaturas, que permanece abierto hasta el 5 de febrero de 2026. El llamado apunta a garantizar la participación efectiva de mujeres en cargos titulares y no solo como cumplimiento formal.
La institución recordó que la Constitución Política del Estado, en su artículo 26, establece la participación política en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, principio reforzado por la Ley 026 del Régimen Electoral, que obliga a cumplir la paridad y alternancia en las candidaturas. A ello se suma el marco internacional, particularmente la Convención CEDAW y la Recomendación General N.º 40 (2024), que fija la paridad como un “techo mínimo” en los espacios de toma de decisión.
En ese contexto, la Defensoría instó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) a ejercer su rol como garante de la democracia intercultural y de género, rechazando cualquier lista de sustitución que no cumpla con los criterios de paridad vertical y horizontal establecidos en el bloque de constitucionalidad.
Desde el TSE se informó que el control de candidaturas y sustituciones se realiza de forma conjunta con los Tribunales Electorales Departamentales mediante el Sistema de Registro de Candidaturas, un mecanismo automático que impide la validación de listas que incumplen los requisitos legales.
Para la Defensoría, el periodo de sustitución no debe ser visto como un trámite administrativo, sino como una oportunidad clave para corregir desigualdades históricas y fortalecer la representación democrática de las mujeres en los gobiernos subnacionales.
Por: Joel Poma Chura - Comunicación Cecasem
