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Bolivia ingresó oficialmente a una nueva fase de política económica y administrativa tras la entrada en vigencia de una batería de decretos supremos que redefinen el manejo de los combustibles, el gasto público, la política social, el sistema salarial y el rol del Estado en sectores estratégicos. Se trata de los Decretos Supremos 5516, 5517, 5518 y 5519, promulgados por el presidente Rodrigo Paz Pereira en el marco de los acuerdos alcanzados con la Central Obrera Boliviana (COB) y sectores sociales.
El eje central de este paquete normativo es el Decreto Supremo 5516, que concentra 32 artículos orientados a estabilizar los precios de los carburantes, garantizar bonos sociales, aplicar alivios financieros, incrementar el Salario Mínimo Nacional y establecer políticas de austeridad estatal. La norma ya se encuentra vigente tras su publicación en la Gaceta Oficial.
El decreto fija los nuevos precios finales de los combustibles: la Gasolina Especial en Bs 6,96, el Diésel Oíl en Bs 9,80 y la Gasolina Premium en Bs 11, mientras que el GLP mantiene su precio en Bs 2,25 por kilo. Además, se reglamenta el precio del Gas Natural Vehicular (GNV) en Bs 2,73 por metro cúbico y se ratifican los fondos para la conversión vehicular.
En el ámbito social, el DS 5516 introduce un paquete de protección dirigido a los sectores más vulnerables. Se incrementa el Bono Juancito Pinto a Bs 300 desde 2026, se dispone un aumento de Bs 150 en la Renta Dignidad para adultos mayores sin jubilación y se crea el Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE), un sistema temporal de transferencias monetarias que puede alcanzar hasta Bs 1.800 anuales para determinados beneficiarios.
Uno de los puntos más esperados por los trabajadores es el incremento del Salario Mínimo Nacional a Bs 3.300, lo que representa un aumento del 20% con retroactividad al 1 de enero de 2026, manteniendo la libre negociación salarial entre empleadores y trabajadores.
El decreto también impone medidas de austeridad estatal, prohibiendo nuevas contrataciones en el sector público —salvo en salud, educación y seguridad— y ordenando la racionalización de personal en empresas estatales. En paralelo, se elimina temporalmente el arancel de importación para maquinaria y equipos industriales hasta fines de 2026, con el objetivo de reactivar la producción nacional.
En complemento, el Decreto Supremo 5517 introduce una medida clave para enfrentar el déficit de combustibles: suspende temporalmente el diésel de la lista de sustancias controladas y autoriza a personas naturales y jurídicas privadas a importar y comercializar combustibles a precio de importación, con el fin de garantizar el abastecimiento y sostener la actividad productiva.
El paquete se completa con el Decreto Supremo 5518, que establece arancel cero para la importación de celulares, computadoras, tabletas y otros productos de “línea negra” hasta el 31 de diciembre de 2026, una medida orientada a facilitar el acceso a tecnología, especialmente en el ámbito educativo y laboral.
Finalmente, el Decreto Supremo 5519 dispone el cierre de la Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información (ADSIB) y el traspaso de sus funciones a la AGETIC, como parte de un proceso de reorganización institucional del Estado. La norma establece que la AGETIC asumirá plenamente estas competencias a partir del 15 de enero de 2026.
Con este conjunto de decretos, el Gobierno apuesta por un reordenamiento integral que combina ajuste económico, protección social, liberalización parcial de mercados estratégicos y reducción del aparato estatal, en un contexto marcado por la escasez de dólares, la presión inflacionaria y las demandas sociales.
Por: Joel Poma Chura - Comunicación Cecasem
