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Después de semanas de tensión social, bloqueos en las principales rutas del país y una creciente preocupación ciudadana, el Gobierno nacional anunció anoche la derogación oficial del Decreto Supremo 5503, una medida que fue ampliamente rechazada por sectores sociales, gremios sindicales y poblaciones vulnerables.
La decisión llega tras un extenso proceso de diálogo con la Central Obrera Boliviana (COB) y otras organizaciones que, desde fines de diciembre de 2025, expresaron su disconformidad con lo que consideraban un decreto que afectaba directamente a las condiciones de vida de las familias bolivianas, en particular por su intención de flexibilizar los subsidios a los combustibles y promover reformas estructurales sin una consulta social previa.
El Decreto Supremo 5503 fue presentado bajo el argumento de enfrentar una emergencia económica y energética nacional. Entre sus puntos más controversiales estaban:
Aunque el Gobierno defendía que el decreto era parte de un plan de estabilización económica, la percepción pública fue distinta. Las medidas eran vistas como poco transparentes, con escasa articulación territorial y sobre todo, sin un enfoque de derechos que considerara a las poblaciones más vulnerables.
El rechazo fue inmediato. Campesinos, trabajadores, gremiales, plataformas ciudadanas y transportistas se sumaron progresivamente a las movilizaciones, que llegaron a extenderse a más de 50 puntos de bloqueo en todo el país. Se trató de una movilización diversa, espontánea en muchos casos, pero con un mensaje claro: ninguna reforma estructural debe realizarse sin escuchar al pueblo.
La presión social forzó al Ejecutivo a abrir una mesa de diálogo con la COB. A pesar de las propuestas iniciales del Gobierno de modificar solo algunos artículos, la exigencia fue firme: abrogación total del decreto.
La noche del 11 de enero de 2026, en un acto conjunto entre autoridades gubernamentales y dirigentes de la COB, se anunció el acuerdo oficial para la derogación completa del Decreto 5503. La medida fue celebrada por diversos sectores, aunque con cierta cautela. El acuerdo establece también que se trabajará en una nueva normativa que será construida de forma participativa, incluyendo a organizaciones sociales y actores institucionales.
El presidente Rodrigo Paz, en su declaración pública, señaló que la derogación “no es una derrota, sino una señal de madurez democrática” y remarcó que el nuevo decreto deberá tener consenso nacional.
Si bien la derogación del decreto representa un logro importante para los sectores movilizados, el conflicto aún no está del todo resuelto. Algunas regiones del país mantienen bloqueos parciales y organizaciones sociales permanecen en estado de emergencia hasta ver cumplidos los compromisos firmados. Exigen, además, que el nuevo decreto no sea una simple reconfiguración del anterior, sino una verdadera herramienta de reactivación que no sacrifique los derechos sociales ni el acceso a servicios básicos.
Desde Cecasem, reconocemos la importancia de esta decisión como respuesta a una demanda legítima del pueblo boliviano, pero también advertimos que la coyuntura ha dejado en evidencia una falla estructural: la distancia entre las políticas públicas diseñadas desde el centro y las realidades que enfrentan las comunidades rurales, las juventudes, las mujeres, las poblaciones indígenas y los sectores populares en general.
Este escenario reafirma la necesidad de contar con instituciones participativas, democráticas y con sensibilidad social. La reacción frente al Decreto 5503 demuestra que la ciudadanía está atenta, informada y dispuesta a movilizarse cuando siente vulnerados sus derechos.
Desde nuestra labor como organización, seguimos comprometidos con el seguimiento a las políticas públicas, con la defensa de los derechos humanos y con la construcción de espacios de diálogo donde todas las voces sean escuchadas, especialmente aquellas que históricamente han sido silenciadas.
Seguiremos alertas al desarrollo del nuevo decreto que sustituirá al DS 5503. Esperamos que esta vez el enfoque esté centrado en el bienestar colectivo, en el respeto por los recursos naturales y en una economía que tenga rostro humano, comunitario y justo.
Por: Brian C. Dalenz Cortez - Comunicación
