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La disputa por el proyecto hidrocarburífero Domo Oso X3 dejó de ser un debate técnico y se convirtió en un conflicto político, social y ambiental de alcance nacional. Mientras el Gobierno ratifica que no dará marcha atrás en la explotación gasífera en el borde de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía, organizaciones cívicas, comunidades y figuras políticas activaron movilizaciones, denuncias de criminalización y llamados a frenar el ingreso de Petrobras a la zona.
El viceministro de Exploración y Explotación de Hidrocarburos, Caleb Montes Velarde, llegó a Tarija para reafirmar que el proyecto seguirá adelante y que el Estado cumplirá el contrato firmado con Petrobras en 2018, aprobado por ley durante el gobierno de Evo Morales. La autoridad aseguró que el pozo Domo Oso X3 se encuentra a 1,5 kilómetros fuera del área protegida y que “no se tocará ni un centímetro” de la reserva, argumento que será respaldado —según anunció— con información técnica, ambiental y legal que será socializada públicamente.
Desde el Ejecutivo se sostiene que el proyecto permitiría recuperar hasta 2,7 trillones de pies cúbicos de gas, incrementar las reservas nacionales en un 60% y generar ingresos estimados en 923 millones de dólares para el país. Sin embargo, el anuncio llega en un contexto marcado por bloqueos, enfrentamientos, procesos penales contra comunarios y una creciente desconfianza ciudadana sobre los impactos reales del emprendimiento.
El Comité Cívico de Tarija convocó a una marcha de emergencia bajo la consigna “Tariquía no se toca”, denunciando el ingreso de un contingente policial para facilitar el avance del proyecto y exigiendo la paralización inmediata de las operaciones. Comunarios y defensores ambientales denuncian el uso de la fuerza, la ruptura del diálogo y la judicialización de la protesta, luego de que la Fiscalía activara procesos penales contra al menos 16 personas que mantenían una vigilia pacífica.
El conflicto sumó pronunciamientos de legisladores, organizaciones sociales y la Central Obrera Departamental, que advierten sobre riesgos ambientales, afectación a derechos colectivos y el incumplimiento de compromisos políticos asumidos en el pasado. En paralelo, Petrobras Bolivia aseguró contar con licencia ambiental vigente y anunció acciones legales ante los bloqueos, alertando sobre pérdidas económicas y posibles arbitrajes internacionales si el contrato es anulado.
Así, Tarija se convierte nuevamente en el epicentro de un dilema estructural: la urgencia de ingresos energéticos frente a la defensa de áreas protegidas, en un escenario donde la consigna “Tariquía no se toca” convive, por primera vez, con una decisión estatal que avanza sin retorno.
Por: Joel Poma Chura - Comunicación Cecasem
