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Bolivia cerró el 2025 con una cifra que no debería repetirse nunca más: 74 feminicidios registrados oficialmente. Setenta y cuatro mujeres asesinadas por razones de género, setenta y cuatro vidas truncadas, setenta y cuatro familias marcadas por una violencia que no apareció de un día para otro, sino que fue anunciada, advertida y muchas veces, ignorada. Empezar el 2026 sin mirar de frente esta realidad sería una forma más de negación colectiva.
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El año pasado dejó una radiografía clara; la violencia contra las mujeres en Bolivia no es un fenómeno aislado ni excepcional. La mayor concentración de feminicidios se registró en La Paz, seguida por Santa Cruz y Cochabamba, pero el problema no se limita a los departamentos con más casos fatales. En regiones como Beni y Pando, aunque no se hayan tipificado feminicidios en las estadísticas oficiales, los índices de denuncias por violencia física, psicológica y sexual son alarmantemente altos si se los analiza en relación con su población. Allí, la violencia existe, se repite y se normaliza, solo que muchas veces no llega a su desenlace más extremo o no logra ser registrada a tiempo.
El análisis de los casos del 2025 muestra patrones que se repiten año tras año. La mayoría de los feminicidios ocurrió en el entorno cercano de la víctima: parejas, exparejas o personas con vínculos afectivos previos. Antes del asesinato, muchas mujeres habían vivido violencia psicológica, control, amenazas, celos extremos y agresiones físicas previas. En varios casos existieron denuncias anteriores; en otros, el miedo, la dependencia económica o la falta de apoyo impidieron que se activaran los mecanismos de protección. El feminicidio no es un hecho súbito: es el último eslabón de una cadena de violencias que pudo y debió romperse antes.
Uno de los puntos más dolorosos del balance 2025 es el bajo nivel de seguimiento judicial y sentencias efectivas. Si bien la mayoría de los casos ingresan a investigación, solo una fracción avanza con celeridad hacia una sentencia. De acuerdo con reportes del Ministerio Público y del Órgano Judicial en gestiones anteriores, menos del 10 % de los casos de feminicidio logran una sentencia en tiempos razonables, mientras muchos procesos se dilatan durante años. La justicia tardía no es justicia: es revictimización para las familias y un mensaje de impunidad para los agresores.
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En este contexto, la Ley 348, lejos de ser el problema, sigue siendo una herramienta indispensable. Esta norma permitió visibilizar la violencia, tipificar el feminicidio y establecer rutas de atención. Sin embargo, el desgaste institucional, la falta de presupuesto, la escasa formación de operadores de justicia y la resistencia cultural han debilitado su aplicación. Pedir su anulación no solo desconoce su importancia histórica, sino que invisibiliza a miles de mujeres que encontraron en esta ley la única vía para denunciar. El desafío para 2026 no es retroceder, sino fortalecer la ley, mejorar su implementación y garantizar protección real y oportuna.
Mirar hacia adelante implica también hablar de prevención. El 2026 no puede ser solo un nuevo año en el calendario; debe ser un punto de inflexión. Reconocer las señales tempranas de violencia es clave: el control excesivo, el aislamiento, los celos constantes, la desvalorización, las amenazas, la dependencia económica forzada. La violencia no siempre deja marcas visibles, pero siempre deja señales. Escucharlas a tiempo puede salvar vidas.
También es urgente recordar que denunciar sí importa, pero denunciar sola no basta. Las mujeres necesitan redes de apoyo, respuestas institucionales rápidas, refugios, acompañamiento psicológico y seguridad económica. El Estado tiene la obligación de garantizar estos mecanismos, y la sociedad civil tiene la responsabilidad de no callar, no justificar y no minimizar.
Desde Cecasem, iniciamos este 2026 con la convicción de que la lucha contra la violencia de género no admite pausas ni cansancio. Nuestro trabajo en comunidades, en territorios rurales y urbanos, con mujeres, jóvenes y familias, reafirma que la prevención es posible cuando se educa, se acompaña y se protege. Creemos en un país donde ninguna mujer tenga que llegar a ser una cifra para ser escuchada.
Imagen hecha por Cecasem
El 2025 nos dejó una lección dura, pero clara: la violencia no disminuye sola. Requiere decisión política, justicia efectiva, recursos sostenidos y una transformación cultural profunda. Empezar el 2026 con conciencia, memoria y compromiso es una obligación ética. No podemos devolver la vida a las 74 mujeres asesinadas, pero sí podemos trabajar para que ninguna más tenga que perderla.
Que este nuevo año no sea uno más en la estadística.
Que sea el año en que reaccionemos antes de que sea tarde.
Que sea el año en que la violencia deje de ser normal y la vida vuelva a ser prioridad.
Por: Brian C. Dalenz Cortez - Comunicación
