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Exportadores, productores de leche y transportistas coinciden en que eliminar la subvención a los hidrocarburos permitiría frenar el contrabando, reducir la corrupción en YPFB y devolver estabilidad a la planificación productiva, hoy afectada por precios artificiales y compras en el mercado negro.
La demanda por eliminar la subvención a los hidrocarburos crece entre los principales sectores productivos del país. Exportadores, productores de leche y transportistas coinciden en que el actual esquema no solo genera distorsión económica, sino que alimenta irregularidades como el desvío de diésel hacia el contrabando y mercados informales.
El presidente de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb), Oswaldo Barriga, advirtió que el país “no puede seguir viviendo en la burbuja de la subvención”, calificándola como un “lastre que vuelve artificiales los costos de producción”. Afirmó que una eliminación gradual permitiría garantizar abastecimiento a precio real y, al mismo tiempo, habilitar mecanismos de apoyo dirigidos a los sectores más vulnerables.
Desde el sector lechero, el dirigente de Fedeple, Juan Manuel Rojas, reportó compras de diésel en el mercado negro a hasta 16 bolivianos por litro, situación que —según explica— obliga a reajustar permanentemente los costos operativos del sector. Rojas subrayó que los productores han tenido que dedicar horas a hacer filas para obtener combustible, tiempo que debería destinarse a la producción.
Mientras tanto, el transporte pesado insiste en que la subvención facilita el desvío de combustibles hacia otros países y a mercados irregulares dentro del territorio nacional. El dirigente Juan Yujra afirmó que el subsidio se ha convertido en un incentivo para actividades ilícitas: “Metiendo gente presa o con más funcionarios no hay solución. Aquí la solución es levantar la subvención; es un cáncer para el Gobierno”, declaró.
El Ministerio de Economía informó que la importación de combustibles representa un gasto estatal de aproximadamente 240 millones de dólares mensuales, mientras que los ingresos de YPFB oscilan entre 40 y 60 millones de dólares en el mismo periodo, una brecha que presiona aún más a las finanzas públicas.
La coincidencia entre sectores productivos marca un giro en el debate nacional: eliminar la subvención ya no se plantea únicamente como una medida económica, sino como una estrategia para combatir el desabastecimiento, estabilizar precios y frenar la corrupción vinculada al contrabando de combustibles.
Por: Joel Poma Chura - Comunicación Cecasem
