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La lucha mundial contra el VIH enfrenta su etapa más crítica en décadas. Los drásticos recortes de financiamiento y el deterioro de los derechos humanos en diversos países amenazan con revertir los avances alcanzados en prevención, diagnóstico y tratamiento. Según el nuevo informe *Overcoming Disruption, Transforming the AIDS Response* de ONUSIDA, el mundo podría retroceder varias décadas si no se actúa con urgencia para proteger a los grupos más vulnerables, entre ellos niños, adolescentes y poblaciones clave en América Latina y el Caribe.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) prevé que la financiación externa para salud se reduzca entre un 30 % y un 40 % para 2025 respecto a 2023, dejando a los países de ingresos bajos y medios en una situación especialmente frágil. El impacto de esta crisis se refleja en la suspensión de programas comunitarios esenciales y en la interrupción del acceso a medicamentos antirretrovirales que salvan vidas. “Detrás de cada dato hay personas: bebés que no han podido ser diagnosticados, mujeres jóvenes sin apoyo y comunidades enteras sin servicios”, advirtió Winnie Byanyima, directora ejecutiva de ONUSIDA.
En vísperas del Día Mundial del Sida 2025 y bajo el lema **“Cero muertes por SIDA en 2030”**, la comunidad internacional busca redoblar esfuerzos para mantener el compromiso con el acceso equitativo a la salud. Sin embargo, las cifras muestran señales de alarma: si las coberturas actuales se mantienen, podrían registrarse 1,9 millones de nuevas infecciones infantiles y casi un millón de muertes para 2040, según estimaciones de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y UNICEF.
En América Latina y el Caribe, la situación es desigual. Mientras el Caribe redujo sus infecciones en 21 % desde 2010, América Latina registró un aumento del 13 % en el mismo periodo. Actualmente, el 14 % de las personas que viven con VIH en la región desconocen su diagnóstico y uno de cada tres casos es detectado en etapas avanzadas, cuando el sistema inmunitario ya está comprometido. Jarbas Barbosa, director de la OPS, advirtió que “cada cifra representa vidas y sueños interrumpidos; por ello, es urgente fortalecer la respuesta regional, mejorar la detección temprana y garantizar tratamientos seguros”.
El diagnóstico precoz, el inicio inmediato del tratamiento y la atención integral constituyen la triada esencial para detener la progresión del VIH. Los tratamientos antirretrovirales actuales permiten niveles indetectables del virus y, con ello, impiden su transmisión por vía sexual; sin embargo, la desigualdad de acceso sigue siendo una barrera crítica: solo el 55 % de los niños con VIH recibe tratamiento, frente al 78 % de los adultos.
La alerta global coincide con otra preocupación urgente: **la creciente vulnerabilidad de la juventud ante el VIH**. A nivel mundial, más de 40 millones de personas viven con el virus y, cada año, unos 370.000 jóvenes de 15 a 24 años se infectan. Especialistas en salud advierten que la prevención requiere más que información: se necesita educación sexual integral, acompañamiento y servicios de salud adaptados a sus realidades.
Los datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) muestran que en América Latina y el Caribe más de 30 adolescentes y jóvenes adquieren VIH cada día. En Bolivia, el 40 % de los nuevos casos se concentra en personas entre 15 y 29 años. Los factores que agravan esta vulnerabilidad incluyen el estigma, la falta de información confiable y la percepción limitada de riesgo.
La evidencia científica demuestra que los espacios educativos y los servicios de salud cercanos y confidenciales son determinantes para reducir infecciones. Involucrar activamente a la juventud en el diseño de programas de prevención aumenta su eficacia y fomenta la apropiación colectiva del autocuidado.
El panorama exige acciones inmediatas: aumentar la inversión, garantizar la continuidad de programas comunitarios y asegurar un enfoque de prevención con equidad de género y perspectiva juvenil. La meta de eliminar el Sida como amenaza para la salud pública en 2030 aún es posible, pero solo si la voluntad internacional se traduce en financiamiento sostenido y políticas centradas en las personas.
Por: Joel Poma Chura - Comunicación Cecasem
