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La Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa de Bolivia (Conamype) expresó su rechazo a las modificaciones introducidas por la Cámara de Senadores al proyecto de Ley de Diferimiento de Créditos, argumentando que los cambios desvirtúan el objetivo original de alivio financiero para los prestatarios. Según la presidenta del gremio, Helen Rivero, la sustitución del diferimiento por un “periodo de gracia” convierte una medida de apoyo en una carga que podría agravar la situación económica de miles de microempresarios.
“Nos preocupa mucho que hayan modificado de un día para otro el diferimiento por un periodo de gracia, porque eso ya no representa una ayuda, sino un perjuicio para el prestatario”, señaló Rivero, quien adelantó que Conamype enviará notas formales a las autoridades para exigir su participación directa en la reglamentación de la norma.
La dirigente remarcó que el sector de las micro y pequeñas empresas —que reúne a más de un millón de prestatarios en todo el país— requiere un diferimiento real de seis meses, no una prórroga que implique el pago acumulado posterior de cuotas e intereses. “No puede ponerse la soga al cuello a los prestatarios; las decisiones deben tomarse con quienes realmente van a ser afectados”, afirmó.
El hecho novedoso radica en que la modificación del Senado no solo altera el espíritu de la ley, sino que además reduce drásticamente el universo de beneficiarios, de 1,4 millones a apenas 44.210 personas, según observaciones del Ministerio de Economía. Esta reducción, explicó el ministro Marcelo Montenegro, cambia sustancialmente el alcance de la norma y podría excluir a la mayoría de los sectores productivos del país que enfrentan dificultades financieras.
Rivero también cuestionó que el Senado no haya devuelto la ley modificada a la Cámara de Diputados para su revisión, lo que, a su juicio, vulnera los acuerdos alcanzados previamente en mesas técnicas entre el Legislativo y los representantes de la Conamype. “No se puede decidir a espaldas de quienes sostienen la economía popular”, añadió.
La organización anunció que buscará conformar mesas de trabajo multisectoriales para revisar los alcances de la reglamentación y evitar que la nueva ley “termine beneficiando solo a una minoría”. Mientras tanto, el debate sobre la forma en que el Estado debe aliviar la carga crediticia de los microempresarios continúa abierto, en un contexto de desaceleración económica y creciente presión sobre los sectores productivos más vulnerables.
Por: Joel Poma Chura - Comunicación Cecasem
