El gasto estatal en salarios vitalicios para expresidentes asciende a Bs 3 millones anuales, mientras que la Renta Dignidad requiere más de Bs 5.100 millones cada año para beneficiar a más de 1,19 millones de adultos mayores. La diferencia de magnitudes muestra que el privilegio de las exautoridades no tiene capacidad real de sostener un incremento de Bs 2.000 en el bono.
La comparación revela una brecha insalvable: lo que se paga en un año a exmandatarios equivale a menos del 0,06% de lo que se destina a la Renta Dignidad, según datos oficiales de la Gestora Pública y la Ley 376 que regula los beneficios vitalicios.
En Bolivia, al menos diez expresidentes y exvicepresidentes perciben un salario vitalicio de Bs 25.000 al mes, beneficio creado por la Ley 376 en 2013. Aunque este monto en conjunto representa un egreso de Bs 3 millones al año para el Tesoro General del Estado, su impacto en comparación con programas sociales masivos es casi nulo.
La Renta Dignidad, por ejemplo, benefició en 2023 a 1.197.218 personas con un desembolso total de Bs 5.106 millones. El 54% de los beneficiarios fueron mujeres. La diferencia entre ambos gastos es abismal: mientras millones de adultos mayores dependen de este ingreso, el monto erogado para exmandatarios apenas alcanza para sostener unas pocas rentas anuales del programa.
El debate sobre la legitimidad de los salarios vitalicios no es nuevo. El diputado Óscar Balderas, de Comunidad Ciudadana, los calificó como “privilegios inconstitucionales” porque no están contemplados en la Carta Magna y generan desigualdad respecto a otros ciudadanos. De hecho, el expresidente Jorge Quiroga aclaró que renunció al beneficio en 2002, mientras que Evo Morales, Carlos Mesa y Eduardo Rodríguez Veltzé reconocieron seguir percibiéndolo.
Si bien en la Asamblea Legislativa Plurinacional han surgido propuestas para redirigir esos recursos hacia educación, salud o programas sociales, la magnitud de la Renta Dignidad muestra que no es posible sostener con ellos un incremento sustancial del bono. “El programa es sostenible porque se financia con utilidades de empresas públicas y otras fuentes estables, y no por egresos menores como los sueldos vitalicios”, recordó Jaime Durán, gerente de la Gestora Pública.
La idea de destinar los Bs 3 millones a la Renta Dignidad no deja de tener un valor simbólico, pero los números confirman que no resuelve el verdadero desafío: encontrar fuentes sostenibles y de gran escala para mantener y ampliar políticas sociales que benefician a millones de bolivianos.
Por: Joel Poma Chura - Comunicación Cecasem
