Sentencia de 5 años marca un hito en la lucha contra el biocidio en Bolivia

septiembre 10, 2025

La justicia boliviana dictó cinco años de cárcel contra Diego P. Q., responsable de matar brutalmente a un perro en El Alto, aplicando por primera vez la pena máxima por biocidio. El fallo, considerado histórico por activistas y juristas, representa un avance en la aplicación de sanciones por este delito en el país.

El caso se suma a una serie de procesos por violencia extrema contra mascotas, que en los últimos años han pasado de quedar en la impunidad a generar condenas efectivas, sentando precedentes en la defensa de los derechos de los animales.

El Juzgado Segundo de Sentencia de El Alto, a cargo de la jueza Nadia Soria Galvarro, sentenció a cinco años de prisión a Diego P. Q., acusado de golpear a un perro con una gata mecánica y luego ahorcarlo hasta provocar su agonía y muerte en febrero de 2024. El abogado Diego Espinoza, de la Fundación Rescata, Protege y Cambia (RPC), destacó que se trata de “una sentencia histórica porque se aplica la pena máxima al delito de biocidio”.

Esta no es la primera condena que sienta precedentes en Bolivia. En abril de 2023, un tribunal en Santa Cruz dictó tres años y seis meses de cárcel contra Ronny Mendoza, quien mató a pedradas a un perro llamado Toffy. Ese caso fue la primera sentencia por biocidio en el país desde que la Ley 700, vigente desde 2015, tipificó el delito con penas de dos a cinco años de prisión.

A partir de entonces, más casos comenzaron a ser procesados: en Santa Cruz, un hombre de 57 años fue aprehendido tras asfixiar y golpear a un gato, delito cometido frente a tres niños; en otro caso, un conductor de minibús fue sometido a juicio abreviado por atropellar y abandonar a un perro en la vía pública; mientras que en el barrio Guapurú del Plan Tres Mil, vecinos y autoridades hallaron restos de más de 100 perros enterrados y rescataron a otros 20 en estado de desnutrición, lo que derivó en una imputación por biocidio agravado contra el principal sospechoso.

Asimismo, en agosto de este año, un juez envió a prisión preventiva a Bernardo C. G., acusado de envenenar a dos perros de un salón de belleza en Santa Cruz. El imputado fue filmado en dos oportunidades colocando comida contaminada y admitió el hecho en audiencia. Para activistas y defensores de animales, la evolución de estos casos demuestra que la justicia boliviana está comenzando a aplicar de manera más rigurosa la normativa vigente, aunque advierten que todavía muchos delitos de biocidio no llegan a instancias judiciales o terminan con penas leves. “Cada condena efectiva es un paso, pero aún falta compromiso real para prevenir y sancionar de manera integral la violencia contra los animales”, señaló Espinoza.

Por: Joel Poma Chura - Comunicación Cecasem


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