El Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia (TSJ) generó controversia al ordenar revisiones en varios procesos judiciales de alto perfil, otorgando libertad pura y simple a Marco Antonio Pumari, detención domiciliaria con salida laboral para Luis Fernando Camacho y libertad parcial para la expresidenta Jeanine Áñez, en medio de cuestionamientos por la prolongación de detenciones preventivas en el país.
Los fallos se conocen tras la instrucción del TSJ de revisar las medidas cautelares de los principales acusados del caso denominado “Golpe de Estado”. Esta disposición ha generado protestas y reclamos de igualdad jurídica en varios centros penitenciarios, donde al menos 4.500 reclusos denuncian haber superado los plazos procesales sin sentencia. Las resoluciones de los tribunales reflejan un cambio en la interpretación de la justicia, aunque no cierran los procesos judiciales pendientes.
El Tribunal Sexto de Sentencia decidió otorgar libertad inmediata a Pumari, mientras que Camacho deberá cumplir detención domiciliaria en su domicilio de Santa Cruz, con permiso para asistir a su fuente laboral. El abogado defensor de Camacho, Martín Camacho, destacó que la medida incluye fianza económica y presentaciones mensuales, y consideró que representa la “recuperación de la independencia judicial” en Bolivia. Por su parte, el abogado de Pumari, Diego Gutiérrez, confirmó que su defendido quedará en libertad pura y simple, solo con obligación de presentarse ante el Ministerio Público en Potosí.
El Tribunal de Sentencia Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer 4° de El Alto ordenó la libertad de Áñez dentro del caso Senkata. La resolución establece que el cambio de jurisdicción no implica absolución de cargos ni afecta a otros procesos judiciales que enfrenta la exmandataria, y remite el caso a juicio de responsabilidades.
Reacciones en los penales
El director general de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, informó que las resoluciones generaron protestas en Palmasola, Villa Busch y San Pedro. Los reclusos exigen que la revisión de medidas cautelares sea general, denunciando que muchos permanecen años en detención preventiva sin juicio. Limpias recordó que la población penitenciaria con detención preventiva supera los 18.500 internos, lo que agrava el hacinamiento y las condiciones de los centros carcelarios. Además, denunció la paralización de la implementación de grilletes electrónicos, que podría contribuir a descongestionar las cárceles.
Estos fallos marcan la primera resolución favorable para los principales acusados en el caso Golpe I, aunque aún quedan etapas procesales por resolver para Camacho y Pumari. Mientras tanto, la presión de los internos y las críticas sobre la lentitud de la justicia mantienen la tensión en el sistema judicial y penitenciario boliviano, reflejando los desafíos del país en materia de imparcialidad, igualdad ante la ley y respeto de los derechos humanos.
Por: Joel Poma Chura - Comunicación Cecasem
