En las últimas semanas, Bolivia ha sido testigo de un incremento en las tarifas del transporte público en varias ciudades clave del país. Primero en Cochabamba, luego en Santa Cruz y, más recientemente, en La Paz, donde la Federación de Chóferes Chuquiago Marka confirmó un incremento de 0,50 bolivianos en los pasajes urbanos. Este aumento, que puede parecer pequeño en cifras absolutas, tiene un impacto significativo en la economía de las familias, especialmente en un contexto de crisis económica generalizada.
El transporte público es un servicio esencial en Bolivia, especialmente para las familias de clase trabajadora que dependen de él para sus actividades diarias. Según estudios del Instituto Nacional de Estadística (INE), más del 70% de la población urbana utiliza el transporte público para desplazarse a sus lugares de trabajo, centros educativos y actividades cotidianas. Con el aumento de tarifas, el gasto mensual en movilidad de una familia puede incrementarse en un 20% o más, dependiendo del número de integrantes y la frecuencia de uso.
Este ajuste en los precios ocurre en un momento donde el poder adquisitivo de la población ya está en declive. La crisis económica ha golpeado duramente a Bolivia, con una inflación sostenida en productos de primera necesidad. Un estudio de la Defensoría del Pueblo reveló que, entre agosto y octubre de 2024, al menos 19 productos de la canasta familiar aumentaron su precio en 18 mercados populares de las ciudades capitales. La inflación, sumada a la escasez de empleos y la inestabilidad laboral, genera una mayor presión sobre las familias, quienes deben enfrentar gastos cada vez más altos con ingresos cada vez más reducidos.
El sector del transporte justifica este aumento de tarifas en varios factores, entre ellos:
Aumento del costo de combustibles y repuestos
Aunque el gobierno ha mantenido la subvención a los combustibles, la crisis de abastecimiento y el contrabando han provocado encarecimientos en el diésel y la gasolina. A esto se suma el aumento en los costos de mantenimiento y repuestos para los vehículos, muchos de los cuales dependen de importaciones afectadas por la crisis de dólares en el país.
Inflación y crisis económica
La presión inflacionaria sobre los insumos del transporte, como neumáticos, aceites y otros repuestos, ha llevado a los sindicatos de choferes a exigir ajustes en las tarifas para cubrir sus costos operativos.
Falta de control gubernamental
En Bolivia, el transporte público opera en gran medida sin una regulación eficiente. La ausencia de controles sobre tarifas y calidad del servicio ha permitido que los sindicatos de choferes tomen decisiones unilaterales sobre los aumentos de precios, muchas veces sin una justificación técnica adecuada, además del trameaje que realizan desde hace ya muchos años atrás en diferentes zonas de los departamentos.
El aumento de los pasajes afecta de manera desproporcionada a los sectores más vulnerables de la población. En un contexto donde el desempleo ha ido en aumento y los salarios se han estancado, cualquier incremento en los costos de vida representa un golpe adicional para las familias bolivianas.
Un informe de la Agencia Boliviana de Información (ABI) identificó al menos seis factores que están impulsando el aumento del costo de vida en Bolivia:
El resultado de esta combinación de factores es una creciente insatisfacción social. En varias ciudades, ciudadanos han salido a protestar contra el aumento de los pasajes, exigiendo medidas de control por parte de las autoridades.
Ante este escenario, desde Cecasem hacemos un llamado urgente a las autoridades nacionales y locales para que implementen regulaciones efectivas que protejan la economía de las familias bolivianas. Algunas acciones clave que deberían considerarse incluyen:
El aumento en las tarifas del transporte público no es un hecho aislado, sino parte de una crisis económica más profunda que está afectando a Bolivia. La falta de empleo, la inflación y la ausencia de regulaciones efectivas han convertido el costo de vida en un problema urgente para miles de familias.
Desde Cecasem, instamos a las autoridades a tomar medidas inmediatas para regular el sector del transporte y garantizar que las familias bolivianas no sigan cargando con el peso de una economía en crisis. La solución no puede ser simplemente aumentar los precios: se necesitan políticas estructurales que protejan a los ciudadanos y promuevan un desarrollo económico inclusivo y sostenible.
